La Comisión Europea prepara una reforma para que la Policía acceda a datos de usuarios de internet
La Comisión Europea prepara una propuesta normativa que modificará el limbo que supone en muchas ocasiones internet en relación con la comisión de delitos y el acceso a la información por parte de cuerpos policiales.
En concreto, según hizo público Euractiv e informó Derecho en la Red, el próximo 17 de abril presentará una propuesta de reforma dirigida a que la policía pueda acceder a evidencias digitales de redes sociales, servicios de almacenamiento en la nube y otros servicios, incluidas plataformas comerciales.
La intención de la Comisión, que promoverá un nuevo reglamento y una directiva, es que los proveedores de comunicación estén obligados a responder rápidamente a las solicitudes de datos.
La nueva normativa pretende establecer un plazo máximo de 10 días que se reduce a seis horas si existiera una "amenaza inminente para la vida o la integridad física de una persona o de una infraestructura crítica". Al tiempo, la directiva obligará a cualquier empresa que preste servicios de recogida de pruebas electrónicas en la UE a designar a un representante legal ante la Unión.
La propuesta de la Comisión se contextualiza en el "aumento exponencial del uso de servicios y aplicaciones en línea" que puedan utilizarse para cometer delito. La nueva normativa se aplicará, entre otros, a "redes sociales como Twitter y Facebook", servicios de cloud computing, registros y registradores de nombres de dominio y aquellos "mercados digitales que permiten a los consumidores y/o comerciantes realizara transacciones peer-to-peer".
Como consecuencia, aquellas empresas que actualmente no tienen oficinas o no almacenan los datos de usuarios en territorio europeo pero sí tienen habilitados sus servicios en la UE deberán atender a las demandas de la policía. Es decir, que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrán exigir datos a cualquier empresa de mensajería, aplicación o servicio de comunicación digitales que ofrezca sus servicios en territorio de la Unión.
La propuesta de la Comisión establece que esta nueva normativa se aplique en caso de delitos graves como "la pertenencia a una organización delictiva, la financiación de grupos terroristas", el entrenamiento para la comisión de actos terroristas o el apoyo a una organización delictiva.
La Unión Europea quiere que Twitter, Facebook y Youtube actúen contra los vídeos violentos
La Unión Europea se ha propuesto luchar contra el extremismo violento y quiere hacerlo desde todos los frente posibles. Si hace poco el Parlamento Europeo aprobó una serie de directrices dirigidas a intentar evitar la acción de los llamados ‘combatientes extranjeros’, el objetivo ahora son los vídeos que, usando las redes sociales, incitan a la violencia y el terrorismo.
En este sentido, el pasado martes el Consejo Europeo aprobó una propuesta para que las compañías responsables de redes sociales como Twitter, Facebook y Youtube actúen para intentar evitar la difusión de este tipo de contenidos audiovisuales en sus plataformas.
Pese a que el acuerdo, alcanzado un día después del atentado de Manchester, aún debe de pasar por la Eurocámara antes de convertirse en norma, todo apunta a que se tratará de un mero trámite, pues los eurodiputados ya han manifestado en diversas ocasiones su preocupación por la difusión de este tipo de vídeos en las redes sociales.
El acuerdo reconoce que, dado que los vídeos se han convertido en “una parte esencial” de las redes sociales, las compañías que proveen estos servicios deben tomar medidas para impedir la difusión de mensajes de odio, cuyo contenido incite y/o justifique el terrorismo.
Según acalaró el vicepresidente de la Comisión Europea para el Mercado Único Digital, Andrus Ansip, estas medidas se impondrán únicamente para aquellos archivos almacenados en las plataformas, no para los vídeos en streaming, como sería el caso de Facebook Live, Periscope y otras aplicaciones.
Twitter, Facebook y otras plataformas ya habían empezado a actuar por su cuenta contra el llamado extremismo violento, aunque ahora las instituciones empiezan a reclamarles una mayor implicación y celeridad en esta lucha contra el radicalismo y la apología de la violencia.