Golpe policial a la maquinaria propagandística del Estado Islámico

La rápida expansión y avance territorial del autodenominado Estado Islámico tuvo mucho que ver con su capacidad de propagandística, un elemento que se ha analizado en profundidad y en el que ha resultado clave la agencia de noticias Amaq, que durante mucho tiempo fue la encargada de difundir las atrocidades del grupo terrorista.

En este contexto adquiere una gran importancia la acción policial conjunta llevada a cabo por Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Bulgaria, Francia, Países Bajos y Reino Unido precisamente contra la maquinaria propagandística del Estado Islámico.

Dicha operación ha permitido desmantelar la mencionada agencia Amaq, pero también la radio Al-Bayan y los medios Halumu y Nashir, herramientas todas ellas básicas en la difusión de las acciones terrorista del Estado Islámico.

El operativo tuvo lugar los pasados 25 y 26 de abril y permitió hacerse con los servidores del Estado Islámico en Holanda, controlar los registradores de dominios utilizados en Reino Unido y obtener numeroso material en Bulgaria.

El impacto ha sido tal que, según ha comunicado Europol, que coordinó las operación, la capacidad de propaganda del grupo terrorista habría quedado "muy comprometida". "Con esta operación hemos hecho un gran agujero en la capacidad del ISIS para difundir propaganda online y para radicalizar a jóvenes en Europa", aseguró Rob Wainwright, director ejecutivo de Europol.

 


La Comisión Europea prepara una reforma para que la Policía acceda a datos de usuarios de internet

La Comisión Europea prepara una propuesta normativa que modificará el limbo que supone en muchas ocasiones internet  en relación con la comisión de delitos y el acceso a la información por parte de cuerpos policiales.

En concreto, según hizo público Euractiv e informó Derecho en la Red, el próximo 17 de abril presentará una propuesta de reforma dirigida a que la policía pueda acceder a evidencias digitales de redes sociales, servicios de almacenamiento en la nube y otros servicios, incluidas plataformas comerciales.

La intención de la Comisión, que promoverá un nuevo reglamento y una directiva, es que los proveedores de comunicación estén obligados a responder rápidamente a las solicitudes de datos.

La nueva normativa pretende establecer un plazo máximo de 10 días que se reduce a seis horas si existiera una "amenaza inminente para la vida o la integridad física de una persona o de una infraestructura crítica". Al tiempo, la directiva obligará a cualquier empresa que preste servicios de recogida de pruebas electrónicas en la UE a designar a  un representante legal ante la Unión.

La propuesta de la Comisión se contextualiza en el "aumento exponencial del uso de servicios y aplicaciones en línea" que puedan utilizarse para cometer delito. La nueva normativa se aplicará, entre otros, a "redes sociales como Twitter y Facebook", servicios de cloud computing, registros y registradores de nombres de dominio y aquellos "mercados digitales que permiten a los consumidores y/o comerciantes realizara transacciones peer-to-peer".

Como consecuencia, aquellas empresas que actualmente no tienen oficinas o no almacenan los datos de usuarios en territorio europeo pero sí tienen habilitados sus servicios en la UE deberán atender a las demandas de la policía. Es decir, que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrán exigir datos a cualquier empresa de mensajería, aplicación o servicio de comunicación digitales que ofrezca sus servicios en territorio de la Unión.

La propuesta de la Comisión establece que esta nueva normativa se aplique en caso de delitos graves como "la pertenencia a una organización delictiva, la financiación de grupos terroristas", el entrenamiento para la comisión de actos terroristas o el apoyo a una organización delictiva.

 


Terrorismo yihadista, una amenaza en aumento

Se acaban de cumplir 14 años del peor atentado sufrido en Europa. El 11-M supuso un antes y un después en la percepción de la amenaza yihadista en España y en todo Occidente. Con motivo de esta efeméride, el periodista especializado en Datos Marcos García Rey ha querido hacer una suerte de radiografía de la amenaza yihadista en España.

Entre otros, recoge la opinión de Manuel R. Torres Soriano, experto en terrorismo y colaborador del Instituto de Seguridad y  Cultura, quien afirma que "el señalamiento de España como objetivo no ha disminuido con respecto a 2004, ya que desde la perspectiva de estos grupos no importa mucho si tienes tropas en Iraq porque no deja de ser Al Andalus y nuestro país siempre es encuadrado dentro de la gran coalición internacional a la que combaten".

El nivel de alerta terrorista se mantiene en el 4 (en una escala de 5) desde 2015. Y la amenaza yihadista, lejos de disminuir, ha ido en aumento. En 2017, se llevaron a cabo en España 53 operaciones policiales contra este tipo de terrorismo. El número de detenidos en España en relación con estos delitos ascendió en 2017 a 77, la cifra más alta desde 2004, año en que se produjeron los atentados del 11-M. A esto hay que sumar que, en la última década, 362 de los 380 asesinados por el terror yihadista lo fueron entre 2015 y 2017.

Otro dato que evidencia el crecimiento de la amenaza yihadista es el de los presos condenados por delitos relacionados con este terrorismo en España. Hasta octubre de 2017, había en las cárceles españolas 151 convictos por estos motivos, tan sólo uno menos que en 2006, el año en que más hubo.

Pero si nos fijamos en presos que forman parte del programa de control del yihadismo puesto en marcha desde Instituciones Penitenciarias, las cifras aumenta. En concreto, 277 presos estarían siendo controlados, el triple que en julio de 2014, cuando se puso en marcha dicho programa.


Interior pone en común con las comunidades autónomas los avances en el Pacto Antiyihadista

El Ministro  del Interior, Ignacio Zoido, se reunió esta semana con sus homólogos autonómicos con el objetivo de poner en común los avances que se han hecho en la lucha contra el terrorismo yihadista así como los proyectos en los que se está trabajando en el marco del Pacto Antiyihadista.

A esta reunión, que era la primera vez que se celebraba, acudieron todas las comunidades autónomas a excepción del País Vasco y Cantabria. Cataluña, sin Gobierno desde la aplicación del artículo 155 de la Constitución, estuvo representada por el secretario general técnico del Ministerio, Juan Antonio Puigserver, que tiene asumidas las responsabilidades en materia de Seguridad.

En la reunión, calificada como "positiva" por parte del Secretario de Estado de Interior, José Antonio Nieto, se abordó, entre otras cuestiones, que los Cuerpos Locales de Policía tengan un papel "más proactivo" en la lucha antiterrorista, especialmente en lo que se refiere al intercambio de información con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que se pretende que sea más ágil.

En este sentido, serán los funcionarios de la Policía Nacional y de la Guardia Civil quienes instruyan a los agentes locales en cuanto a los protocolos a seguir en casos relacionados con el terrorismo. Algo que entronca con lo planteado por la representante del Gobierno balear, Catalina Clavera, que pidió "más formación para la Policía Local en materia de antiterrorismo yihadista, por parte de miembros de Policía Nacional y Guardia Civil".

Cladera enfatizó el papel destacable que deben jugar las comunidades autónomas en la lucha contra el yihadismo toda vez que conocen "de primera mano el territorio y tienen información valiosa".