La presentación de la primera Estrategia Industrial Europea de Defensa (SEGD) por parte de la Comisión Europea y el alto representante de la Unión Europea marca un hito significativo en el fortalecimiento de la industria de defensa del bloque. Este ambicioso conjunto de medidas tiene como objetivo primordial apoyar la competitividad y la preparación de la industria europea de defensa.
En consonancia con la SEGD, el Ejecutivo de la UE ha propuesto el Programa Europeo de Inversiones en Defensa (EDIP), dotado con 1.500 millones de euros para el período 2028-2035. Aunque esta cifra pueda parecer modesta en comparación con las necesidades planteadas por Thierry Breton, comisario de Mercado Interior, quien sugiere que el bloque necesita 100.000 millones de euros para adecuar la capacidad de producción de la industria a los tiempos de guerra y satisfacer las demandas de los países miembros y Ucrania.
La SEGD, además, ejerce presión sobre el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para que revise su política de préstamos. Breton aboga por el uso de los ingresos extraordinarios de los activos congelados rusos para impulsar la base militar-industrial de Europa y Ucrania, sugiriendo una inversión conjunta ad hoc similar al fondo de recuperación post pandemia financiado con préstamos.
Entre las medidas propuestas se incluyen exenciones del IVA, subvenciones y préstamos para equilibrar la oferta y la demanda en todo el bloque, así como fomentar una mayor cooperación entre los Estados miembros.
La SEGD identifica los desafíos actuales de la base industrial y tecnológica de la defensa europea (BITDE) y establece una ruta para la próxima década. Se insta a los Estados miembros a adquirir al menos el 40% de los equipos de defensa de forma colaborativa para 2030, garantizando que el 35% de las compras de material de defensa se realicen dentro de la UE para ese mismo año.
Se espera que Estonia, Francia, Polonia y los Países Bajos lideren la reindustrialización del continente, una tarea que la nueva estrategia y regulación buscan abordar.
La propuesta del Ejecutivo ahora se someterá a negociaciones y enmiendas en los Estados miembros y el Parlamento Europeo. Los funcionarios de la Comisión son conscientes de las posibles preocupaciones de los gobiernos nacionales y buscan evitar ser percibidos como una «toma de poder» que invada las prerrogativas estatales.
El texto también incluye ideas previamente rechazadas por los Estados miembros en el marco del plan de impulso de la producción de municiones (ASAP), como la opción de reutilizar las líneas de producción en caso de crisis, con multas para la industria que no cumpla.
Los Estados miembros han solicitado una evaluación de impacto para justificar el reglamento propuesto y asegurar que sea la mejor manera de aumentar la capacidad de producción de defensa del bloque.
