Los expertos llevan tiempo alertando sobre un problema a medio plazo con la gestión del terrorismo yihadista en una doble vertiente: la salida de prisión de aquellos condenados por delitos relacionados con el yihadismo y, por otro lado, el regreso de los llamados ‘combatientes extranjeros’ de zonas de conflicto, especialmente Siria.

De hecho, según publicaba Gonzalo Araluce recientemente ‘El Español’, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estiman que, entre este año y 2020, medio millar de reos condenados por delitos relacionados con el yihadismo saldrán de las cárceles europeas.

Hace unos meses, la ministra de Justicia francesa, Nicole Belloubet, explicó que en las cárceles francesas hay unos 500 internos condenados por terrorismo islamista. De ellos, una veintenta saldrían en libertad antes de que terminara 2018 y otra treintena a lo largo de 2019. A estos 80 terroristas islamistas habría que sumar 400 presos más condenados por delitos comunes pero identificados como radicales islamistas.

Ante esta situación, las autoridades españolas han puesto en marcha un plan de trabajo en una doble dirección: seguridad en fronteras e incremento en el intercambio de información e inteligencia, un segundo aspecto especialmente relevante en un escenario de «salida masiva» de yihadistas de cárceles europeas como el descrito.

En este contexto, la reputación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado españolas en la lucha antiterrorista y la colaboración y buena relación con Marruecos en materia de seguridad sitúan a España como un actor clave en el seno de la Unión Europea en materia de seguridad y antiterrorismo.