«El posible regreso de 5.000 combatientes terroristas extranjeros a Europa y 7.000 al Magreb supone un desafío a la seguridad sin precedentes»

«El temido regreso al Magreb de alrededor de 7.000 ‘emigrados’ a Siria e Irak, junto a los 5.000 retornados del Estado Islámico que podrían volver a territorio europeo, supone un desafío a la seguridad para Europa y el Magreb sin precedentes que obliga a un necesario entendimiento y colaboración en busca de un objetivo común».

Estas palabras de Carlos Echeverría, subdirector del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, resumen el contenido de la III Cumbre de Córdoba de Seguridad que, bajo el título Combatientes extranjeros y retornados: amenaza, gestión y respuesta, celebró el Instituto de Seguridad y Cultura el pasado 22 de noviembre en el Real Círculo de la Amistad de Córdoba.

Echeverría, que abrió la jornada comentando su informe La amenaza de los retornados del Estado Islámico: una preocupación para España y para la Unión Europea, incidió en que, pese a tratarse de un problema común, «cada país afectado tiene ante sí un desafío diferente en función del volumen de personas que puedan volver o que ya lo estén haciendo y del ordenamiento jurídico de cada Estado».

Además, en el caso de España, este profesor de Relaciones Internacionales señaló que «el problema no es tanto cuantitativo como cualitativo, dado el perfil de esas personas y la capacidad de influencia que continúan manteniendo en España«. Como ejemplo, citó las imágenes de Muhammad Yasin Ahram Pérez, alias Abu Lais Al Qurtubi, El Cordobés, reivindicando en un vídeo los atentados de Barcelona y Cambrils de agosto de 2017. Echeverría explicó que no es casual que el EI le utilizara para reivindicar estos atentados, dado el «carácter simbólico de Córdoba, con su Mezquita como estandarte de la reivindicación del califato perdido de Al Ándalus que en su imaginario está por recuperar».

La III Cumbre de Córdoba de Seguridad contó además con la participación de Beatriz Becerra, eurodiputada del Grupo Liberal 2014-2019; Pablo Núñez Almagro, del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), que hizo un análisis de los combatientes terroristas extranjeros desde un punto de vista cuantitativo, y Rose Tasker, segunda secretaria política de la Embajada de Reino Unido en Madrid, que abordó la evaluación y reducción del riesgo que supone el regreso de los combatientes terroristas extranjeros.

Además de evidenciar el volumen del desafío a la seguridad que supone el fenómeno de los retornados, los ponentes plantearon la forma de abordarlo. En concreto, Beatriz Becerra, que insistió en que «se trata claramente de una cuestión de carácter europeo», se mostró convencida de que debería de haber una respuesta unitaria a nivel de la UE y que «además debe de acordarse de manera urgente», pues «el marco legal y el ámbito de competencia de la UE en relación con los retornados está de momento bastante limitado».

Actualmente, según señaló Becerra, «hay iniciativas legislativas desarrolladas de utilidad», centradas en «la penalización de los viajes relacionados con el terrorismo, el refuerzo de instrumentos para facilitar los controles de las fronteras exteriores, la revisión del Código de fronteras Schengen y el refuerzo del marco para el intercambio de información». Aun así, «el fenómeno de los retornados y el tratamiento correspondiente a los hijos no cuenta con referentes en la legislación europea».

En la Cumbre se puso de manifiesto que el desafío es doble: por un lado, policial; pero, por otro, jurídico e incluso social. ¿Debe retornarse a los combatientes extranjeros y sus familiares? ¿Y cómo debe gestionarse su reinserción? Beatriz Becerra recordó que «la criminalización ha sido y es la primera medida de respuesta que se ha dado en España» a este fenómeno, al tratarse de personas que han incurrido en delitos tipificados en el Código Penal.

Sin embargo, queda abierto un frente en la gestión de esos retornados y, especialmente, sus familiares. Un apartado en el que, como señaló Carlos Echeverría, más allá de las actuaciones institucionales, «es necesario abrir un debate público pues el impacto de los retornados, y no sólo de los combatientes extranjeros, tendrá consecuencias en múltiples dimensiones en la vida nacional, dentro y fuera de las prisiones».

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