Autoridades y expertos llevan tiempo advirtiendo sobre las prisiones como un foco de especial atención en lo que a prevención de radicalismo se refiere. Instituciones Penitenciarias mantiene una vigilancia especial en las cárceles españolas para evitar en la medida de los posible este fenómeno. Los últimos datos hechos públicos por este organismo hablan de 250 presos relacionados de una u otra manera con el yihadismo.
Instituciones Penitenciarias ha clasificado a esas 250 personas en función de su grado de radicalismo en tres grupos. El grupo A, el más numeroso, está formado 129 presos directamente condenados por terrorismo. El B, el de los «captadores», está compuesto por 39 personas condenadas por otros delitos pero de los que se cree se dedican al proselitismo islamista. Finalmente, el C lo conforman 82 presos considerados «susceptibles de ser captados».
Este organismo, dependiente del Ministerio del Interior, ha activado distintos programas para evitar la radicalización en el seno de las prisiones a partir de la Instrucción 8/2014, en la que se prevé una triple actuación: por un lado, acciones de prevención y detección; en un segundo momento, evaluación de riesgo y, por último, un tratamiento en aquellos casos en que ya haya comenzado la radicalización o captación.
Para el análisis del riesgo, se usan distintos factores que determinan no sólo si hay una conducta radical, sino si dicha conducta puede evolucionar a la comisión de actos violentos. Además, desde Instituciones Penitenciaras se recalca que los programas de tratamiento no se enfocan en corregir una conducta religiosa sino una conducta violenta.
Que las prisiones son un foco de radicalización yihadista importante lo pone de manifiesto la operación policial llevada a cabo por la Guardia Civil el 2 de octubre pasado en 17 prisiones de todo el país. Se neutralizó entonces un grupo de 25 presos, estructurado y con objetivos concretos, encabezado por Mohamed Achraf -condenado tras ser detenido en la operación Nova– y entre cuyos adeptos se encontraban Jamal Zougan, condenado por los atentados del 11-M, y Hassan el Haski.
