Una Cultura de Seguridad necesaria

La española ha sido tradicionalmente una sociedad muy concienciada sobre los problemas de seguridad. La actividad criminal de la banda terrorista ETA condicionó durante demasiados años las preocupaciones de los españoles.

Pese a que tras el anuncio del cese definitivo de la violencia por parte de ETA en octubre de 2011 la seguridad había ido perdiendo espacio entre los principales problemas de los españoles, las nuevas amenazas en forma de terrorismo yihadista han vuelto a poner en alerta a la sociedad española, según reflejan los sondeos del Centro de Investigaciones Sociológicas.

Occidente en su conjunto se ha convertido en objetivo de fundamentalistas y radicales que han diseñado una estrategia basada en atacar la forma de vida occidental. Los atentados de París, Bruselas, Niza o Berlín, pero también los de Madrid (11 de marzo de 2003) y Londres (7 de julio de 2005) suponen la plasmación de una amenaza creciente que va más allá del asesinato indiscriminado.

En este sentido, España, por su valor geoestratégico y su historia, aparece como continua referencia en las reivindicaciones de todo tipo de grupos de inspiración fundamentalista, que fijan en la recuperación de Al Andalus su objetivo último como paradigma de la victoria sobre Occidente.

De esta forma, los valores democráticos que sustentan el Estado de Derecho que rige nuestro día a día se ven amenazados no sólo por la actividad terrorista directa, sino por el uso de distintos elementos de propaganda y proselitismo que, como el martillo sobre el yunque, golpean repetitivamente los principios de libertad que rigen nuestra sociedad.

Estos ataques a los pilares de nuestra cultura política y a las bases de nuestra sociedad ya han generado tensiones que amenazan directamente a los principios de solidaridad y ciudadanía europeas. Como consecuencia, se han reinstaurado la carrera armamentística y el enfrentamiento apriorístico entre estados como principios de la política exterior.

El principal éxito del terrorismo es desestabilizar a su enemigo mediante la instauración del miedo y la inseguridad. Para evitarlo es necesario generar una cultura de seguridad que, sin perder de vista el necesario equilibrio con la libertad del individuo, permita a la opinión pública mantener la confianza en el Estado de Derecho como garante de dichos principios de libertad.

Poner en valor el trabajo de los profesionales que llevan a cabo las políticas públicas contra el terrorismo y abordar nuevas formas con las que las instituciones democráticas y la sociedad civil puedan hacer frente a estas nuevas amenazas ayudará a generar esa cultura de seguridad necesaria en este cambio de paradigma.


¿Hacia una carrera armamentística?

Con el polvorín sirio en plena ebullición –Estados Unidos, Rusia, Turquía e Irán están directamente implicados sobre el terreno-, la olvidada guerra de Yemen –otro conflicto entre suníes y chiíes en el que Arabia Saudí lidera una coalición contra los hutíes- y, sobre todo, las tensiones en el Pacífico –la escalada militar china, con la construcción de islas artificiales para asentar bases militares, y la continua amenaza de Corea del Norte sobre Seúl, Tokio y Estados Unidos-, el mundo asiste a una suerte de carrera armamentística en la que los principales actores internacionales apuesta públicamente por el rearme de sus ejércitos.

Apenas un mes después de llegar a la Casa Blanca, Donald Trump anunció su intención de que Estados Unidos aumente en 54.000 millones de dólares (51.000 millones de euros) el presupuesto en materia de Defensa, el mayor incremento de esta partida presupuestaria desde el 11-S. Pekín respondió inmediatamente al movimiento de Trump anunciando un aumento del 7% de su presupuesto militar, lo que paradójicamente supone el menor crecimiento en siete años.

Meses antes, el Gobierno de India, el mayor importador de armamento del mundo, había hecho público que invertiría 9.000 millones de euros para modernizar su ejército con nuevos aviones y helicópteros de combate, tanques y drones.

Por su parte, los países miembros de la OTAN tienen encima de la mesa el compromiso firmado en su cumbre de Gales de aumentar sus aportaciones presupuestarias a la Alianza Atlántica hasta el 2% de su PIB antes de 2024.

 

 

En frente, Rusia anunció en diciembre de 2016 que su Fuerza Aérea se dotará con 900 nuevas aeronaves antes de 2020, de los que 160 llegarán ya este año, con lo que se habrá renovado el 55% de la flota aérea rusa.

En este contexto, el Gobierno español ya ha puesto de manifiesto su interés en aumentar la partida presupuestaria dedicada a Defensa y, según fuentes del Ejecutivo, está en conversaciones con la empresa estadounidense Lockheed Martin para renovar la flota de cazabombarderos incorporando el F-35 al ejército del aire.

¿Cuál es la situación de partida? El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS, por sus siglas en inglés) recoge en su informe de balance militar anual que EEUU gastó en 2016 en Defensa 604.000 millones de dólares, seguido de China (145.000 millones), Rusia (58.900 millones) y Arabia Saudí. En este ranking, España ocuparía, con 12.222 millones de dólares, el sexto puesto entre los países europeos, mientras que Turquía, con el segundo ejército más numeroso de la OTAN, se situaría en el noveno puesto con 8.764 millones.