La española ha sido tradicionalmente una sociedad muy concienciada sobre los problemas de seguridad. La actividad criminal de la banda terrorista ETA condicionó durante demasiados años las preocupaciones de los españoles.

Pese a que tras el anuncio del cese definitivo de la violencia por parte de ETA en octubre de 2011 la seguridad había ido perdiendo espacio entre los principales problemas de los españoles, las nuevas amenazas en forma de terrorismo yihadista han vuelto a poner en alerta a la sociedad española, según reflejan los sondeos del Centro de Investigaciones Sociológicas.

Occidente en su conjunto se ha convertido en objetivo de fundamentalistas y radicales que han diseñado una estrategia basada en atacar la forma de vida occidental. Los atentados de París, Bruselas, Niza o Berlín, pero también los de Madrid (11 de marzo de 2003) y Londres (7 de julio de 2005) suponen la plasmación de una amenaza creciente que va más allá del asesinato indiscriminado.

En este sentido, España, por su valor geoestratégico y su historia, aparece como continua referencia en las reivindicaciones de todo tipo de grupos de inspiración fundamentalista, que fijan en la recuperación de Al Andalus su objetivo último como paradigma de la victoria sobre Occidente.

De esta forma, los valores democráticos que sustentan el Estado de Derecho que rige nuestro día a día se ven amenazados no sólo por la actividad terrorista directa, sino por el uso de distintos elementos de propaganda y proselitismo que, como el martillo sobre el yunque, golpean repetitivamente los principios de libertad que rigen nuestra sociedad.

Estos ataques a los pilares de nuestra cultura política y a las bases de nuestra sociedad ya han generado tensiones que amenazan directamente a los principios de solidaridad y ciudadanía europeas. Como consecuencia, se han reinstaurado la carrera armamentística y el enfrentamiento apriorístico entre estados como principios de la política exterior.

El principal éxito del terrorismo es desestabilizar a su enemigo mediante la instauración del miedo y la inseguridad. Para evitarlo es necesario generar una cultura de seguridad que, sin perder de vista el necesario equilibrio con la libertad del individuo, permita a la opinión pública mantener la confianza en el Estado de Derecho como garante de dichos principios de libertad.

Poner en valor el trabajo de los profesionales que llevan a cabo las políticas públicas contra el terrorismo y abordar nuevas formas con las que las instituciones democráticas y la sociedad civil puedan hacer frente a estas nuevas amenazas ayudará a generar esa cultura de seguridad necesaria en este cambio de paradigma.