La Comisión Europea prepara una reforma para que la Policía acceda a datos de usuarios de internet

La Comisión Europea prepara una propuesta normativa que modificará el limbo que supone en muchas ocasiones internet  en relación con la comisión de delitos y el acceso a la información por parte de cuerpos policiales.

En concreto, según hizo público Euractiv e informó Derecho en la Red, el próximo 17 de abril presentará una propuesta de reforma dirigida a que la policía pueda acceder a evidencias digitales de redes sociales, servicios de almacenamiento en la nube y otros servicios, incluidas plataformas comerciales.

La intención de la Comisión, que promoverá un nuevo reglamento y una directiva, es que los proveedores de comunicación estén obligados a responder rápidamente a las solicitudes de datos.

La nueva normativa pretende establecer un plazo máximo de 10 días que se reduce a seis horas si existiera una “amenaza inminente para la vida o la integridad física de una persona o de una infraestructura crítica”. Al tiempo, la directiva obligará a cualquier empresa que preste servicios de recogida de pruebas electrónicas en la UE a designar a  un representante legal ante la Unión.

La propuesta de la Comisión se contextualiza en el “aumento exponencial del uso de servicios y aplicaciones en línea” que puedan utilizarse para cometer delito. La nueva normativa se aplicará, entre otros, a “redes sociales como Twitter y Facebook”, servicios de cloud computing, registros y registradores de nombres de dominio y aquellos “mercados digitales que permiten a los consumidores y/o comerciantes realizara transacciones peer-to-peer”.

Como consecuencia, aquellas empresas que actualmente no tienen oficinas o no almacenan los datos de usuarios en territorio europeo pero sí tienen habilitados sus servicios en la UE deberán atender a las demandas de la policía. Es decir, que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrán exigir datos a cualquier empresa de mensajería, aplicación o servicio de comunicación digitales que ofrezca sus servicios en territorio de la Unión.

La propuesta de la Comisión establece que esta nueva normativa se aplique en caso de delitos graves como “la pertenencia a una organización delictiva, la financiación de grupos terroristas”, el entrenamiento para la comisión de actos terroristas o el apoyo a una organización delictiva.

 

Comments are closed.