A pesar de que los españoles tienen una percepción “baja” del nivel de alerta terrorista (en el nivel 4 de 5 desde hace meses) ello no quiere decir que la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sea nula. Todo lo contrario. Más de 3.000 agentes, analistas, jueces y fiscales trabajan a diario contra los objetivos de la yihad en España.

Según ha publicado José María Irujo en El País, en la actualidad hay unas 1.000 personas “en el radar policial”, otras 259 investigadas judicialmente y alrededor de 500 dispositivos móviles están pinchados. A estas cifras hay que sumar otras: más de 700 detenidos, decenas de condenados y 120 presos; todo, desde el 11-M.

Combatir a un enemigo invisible

Desde aquel 11 de marzo de 2004, España se situó a la vanguardia en la lucha contra el yihadismo. La tarea primordial de los servicios de inteligencia españoles es la de rastrear las redes sociales, entender la manera de pensar y actuar de los yihadistas, infiltrarse en sus redes de contacto y comunicaciones, y anticiparse a cualquier atentado.

El Centro Nacional de Inteligencia es el principal actor en esa labor de análisis preventivo. Pese a que se desconoce el número de agentes implicados en tareas contraterroristas, la Vicepresidenta del Gobierno anunció en el debate de los Presupuestos Generales del Estado que se incrementará la dotación del CNI hasta un 8% (161 millones de euros) y se contratarán hasta 600 nuevos agentes de aquí a 2020.

Lo que sí se conoce es que un 41% de los efectivos del CNI dedicados a la lucha contra el yihadismo son mujeres y que también hay musulmanes. Son desde juristas y militares hasta filólogos, pasando por informáticos y periodistas. Analistas dedicados a recopilar cualquier detalle que permita evitar un ataque terrorista. “Nuestra misión, además de prevenir un atentado, es entender el fenómeno”, dicen desde el centro de inteligencia.

Experiencia antiterrorista

Los años de lucha contra la banda terrorista ETA han dotado de una gran experiencia a los principales cuerpos de seguridad del Estado que trabajan día y noche para evitar la amenaza yihadista en España. “Quieren un Ramadán sangriento. Éste es uno de los períodos más peligrosos del año”, dice uno de los comisarios más experimentados en la lucha contra el terrorismo islamista. “Recibimos tal volumen de avisos que es imposible atenderlos a todos”, afirma un agente de la policía.

La situación es especialmente compleja en las ciudades autónomas. “Entre personas de Marruecos y Melilla, tanto objetivos, como relacionados, tenemos a 400 personas en el radar”, declara un agente operativo de la Guardia Civil. En dicha ciudad operan cinco servicios: CNI, Policía Nacional, Guardia Civil, la DST marroquí y el Mosad israelí.

En cuanto a Ceuta, son más quienes están en el radar policial: hasta 600 personas. Para ello se recurre a la captación de “manipuladores”: confidentes pagados con fondos reservados que se infiltran en lugares calientes, como el barrio de El Príncipe para tantear quién estaría dispuesto a cruzar la línea. “La contraprestación no sólo es económica para estos confidentes, tenemos que darles seguridad a ellos y a sus familias”, cuenta un agente.

El papel de los jueces y fiscales

La otra gran pata en la lucha contra el yihadismo la conforman los jueces y fiscales. “¿Cómo se previene esta amenaza? Actuando antes”, explica Javier Zaragoza, Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional desde 2006. En España se han llevado a cabo más detenciones que en ningún otro país europeo desde 2004 (hasta 700) y se han expulsado a 120 personas por razones de seguridad nacional.

Además, los cambios que experimentó el Código Penal en 2010 y 2015 han dotado de más herramientas jurídicas a fiscales y jueces en España para hacer frente a esta amenaza. “La nueva tipología penal nos ha dado herramientas de trabajo”, declara Zaragoza.

Por su parte, Dolores Delgado, Fiscal Coordinadora de terrorismo de la Audiencia Nacional, garantiza que España es uno de los países “que mejor trabaja la información”, añadiendo que el país se encuentra a la vanguardia en materia antiterrorista. “Nos hemos adelantado a las directivas europeas y mantenemos un equilibrio entre libertad y seguridad”, se felicita la fiscal. Eso sí, el riesgo de atentado está ahí.

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