La Comisión Europea prepara una reforma para que la Policía acceda a datos de usuarios de internet

La Comisión Europea prepara una propuesta normativa que modificará el limbo que supone en muchas ocasiones internet  en relación con la comisión de delitos y el acceso a la información por parte de cuerpos policiales.

En concreto, según hizo público Euractiv e informó Derecho en la Red, el próximo 17 de abril presentará una propuesta de reforma dirigida a que la policía pueda acceder a evidencias digitales de redes sociales, servicios de almacenamiento en la nube y otros servicios, incluidas plataformas comerciales.

La intención de la Comisión, que promoverá un nuevo reglamento y una directiva, es que los proveedores de comunicación estén obligados a responder rápidamente a las solicitudes de datos.

La nueva normativa pretende establecer un plazo máximo de 10 días que se reduce a seis horas si existiera una "amenaza inminente para la vida o la integridad física de una persona o de una infraestructura crítica". Al tiempo, la directiva obligará a cualquier empresa que preste servicios de recogida de pruebas electrónicas en la UE a designar a  un representante legal ante la Unión.

La propuesta de la Comisión se contextualiza en el "aumento exponencial del uso de servicios y aplicaciones en línea" que puedan utilizarse para cometer delito. La nueva normativa se aplicará, entre otros, a "redes sociales como Twitter y Facebook", servicios de cloud computing, registros y registradores de nombres de dominio y aquellos "mercados digitales que permiten a los consumidores y/o comerciantes realizara transacciones peer-to-peer".

Como consecuencia, aquellas empresas que actualmente no tienen oficinas o no almacenan los datos de usuarios en territorio europeo pero sí tienen habilitados sus servicios en la UE deberán atender a las demandas de la policía. Es decir, que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrán exigir datos a cualquier empresa de mensajería, aplicación o servicio de comunicación digitales que ofrezca sus servicios en territorio de la Unión.

La propuesta de la Comisión establece que esta nueva normativa se aplique en caso de delitos graves como "la pertenencia a una organización delictiva, la financiación de grupos terroristas", el entrenamiento para la comisión de actos terroristas o el apoyo a una organización delictiva.

 


Interior pone en común con las comunidades autónomas los avances en el Pacto Antiyihadista

El Ministro  del Interior, Ignacio Zoido, se reunió esta semana con sus homólogos autonómicos con el objetivo de poner en común los avances que se han hecho en la lucha contra el terrorismo yihadista así como los proyectos en los que se está trabajando en el marco del Pacto Antiyihadista.

A esta reunión, que era la primera vez que se celebraba, acudieron todas las comunidades autónomas a excepción del País Vasco y Cantabria. Cataluña, sin Gobierno desde la aplicación del artículo 155 de la Constitución, estuvo representada por el secretario general técnico del Ministerio, Juan Antonio Puigserver, que tiene asumidas las responsabilidades en materia de Seguridad.

En la reunión, calificada como "positiva" por parte del Secretario de Estado de Interior, José Antonio Nieto, se abordó, entre otras cuestiones, que los Cuerpos Locales de Policía tengan un papel "más proactivo" en la lucha antiterrorista, especialmente en lo que se refiere al intercambio de información con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que se pretende que sea más ágil.

En este sentido, serán los funcionarios de la Policía Nacional y de la Guardia Civil quienes instruyan a los agentes locales en cuanto a los protocolos a seguir en casos relacionados con el terrorismo. Algo que entronca con lo planteado por la representante del Gobierno balear, Catalina Clavera, que pidió "más formación para la Policía Local en materia de antiterrorismo yihadista, por parte de miembros de Policía Nacional y Guardia Civil".

Cladera enfatizó el papel destacable que deben jugar las comunidades autónomas en la lucha contra el yihadismo toda vez que conocen "de primera mano el territorio y tienen información valiosa".


Récord de operaciones contra el yihadismo en 2017

El año que acabamos de cerrar supone varios hitos en lo que al yihadismo y España se refiere. Primero, porque en 2017 el terrorismo islamista volvió a actuar asesinando a 13 personas en Barcelona y Cambrils; y segundo, porque al mismo tiempo la actuación de la Fuezas y Cuerpos de Seguridad del Estado han dejado un saldo de récord.

Desde que se tienen registros -año 2004, tras los atentados del 11-M- la cifra de detenidos y de operaciones contra el yihadismo jamás había alcanzado los guarismos de 2017. Las estadísticas del Ministerio del Interior cifran en 77 el número de detenidos en relación con el yihadismo, una cifra muy alejada de años anteriores. De hecho, es el número más alto desde 2004, cuando se detuvo a 131 personas. En 2004, el número de detenidos fue 42.

En cuanto a operaciones, ocurre lo mismo: 2017 se ha cerrado con 53, más del doble que las 24 actuaciones policiales contra el terrorismo yihadista llevadas a cabo en 2016. Echando la vista atrás, los números sólo hablan de un aumento de la actividad policial, pues en 2015 fueron 36, 13 en 2014, ocho en 2013, cinco en 2012 y 12 en 2011.

Desde el punto de vista geográfico, Cataluña ha sido el mayor centro de actuaciones. Allí se detuvo a 24 personas en relación con el yihadismo, lo que implica uno de cada tres detenidos en todo el país. Madrid, con 14 arrestados, sigue a Cataluña en este ranking de detenciones, en el que Melilla se sitúa con nueve, la Comunidad Valenciana con cinco y Ceuta, Andalucía, País Vasco y Baleares con cuatro en cada una.


Los yihadistas vuelven a los métodos de captación y seguridad previos a internet

Una de las pautas seguidas por los radicales islamistas a la hora de hacer proselitismo de sus mensajes e iniciar procesos de captación ha sido el uso de la tecnología como gran aliada. Internet, con todas sus derivadas, ha sido la autopista de difusión del yihadismo radical desde hace tiempo.

Eso hizo que, por un lado, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad comenzaran a prestar especial atención a este tipo de herramientas. Hasta el punto de generar la figura del llamado "agente virtual encubierto", encargado de monitorizar estas redes, controlarlas e infiltrarlas.

Por otro, las principales empresas de servicios de intenet, así como redes sociales, han empezado a actuar con contundencia -a veces incluso en demasía, llegando a borrar contenido que precisamente se estaba utilizando para concienciar contra estos mensajes radicales- para evitar que sus marcas sean sinónimo de herramientas de difusiones yihadista.

Es decir, que las redes e internet están cada vez más vigiladas y eso ha permitido poder actuar de forma preventiva deteniendo a numerosos individuos con un alto nivel de radicalización dispuestos a cometer atentados. Sin embargo, los terroristas han tomado conciencia de esta situación y han comenzado a cambiar sus estrategias para evitar la vigilancia. En concreto, los líderes encargados de captar y adoctrinar están modificando sus fórmulas de protección.

"Están buscando gente de su confianza para lograr su estructura de primer nivel. El blindaje de las células está siendo muy similar a estructuras terroristas más arcaicas, alejadas de  sistemas alojados en internet. Su seguridad está siendo, de nuevo, física. Están recuperando modos de actuar del terror de cuando no existía internet, incluso de cuando no había móviles".

Estas palabras pertenecen a una fuente policial de la lucha contra el terrorismo yihadista que recogió hace unos días el periodista especializado Fernando Lázaro en un reportaje en el que se advierte precisamente del cambio de hábitos y costumbres de estos "jefes de las células". Aunque eso no quiere decir que hayan dejado de utilizar las redes sociales y los móviles, sí que se ha detectado que emplean unos métodos de seguridad y captación que recuerdan a los vistos en grupos terroristas durante los años 80.

De hecho, varios de los últimos detenidos en relación con el terrorismo yihadista intentaron eludir la acción policial: sus contactos con los círculos cercanos eran siempre físicos, prestaban especial atención a no dar referencias de sus encuentros por teléfono y usaban tarjetas prepago de las que posteriormente se deshacían.

De acuerdo con la información aportada por Fernando Lázaro, "los sospechosos tienen ya una serie de claves de comunicación preestablecidas y diferentes entre los integrantes de sus células", lo que dificulta la labor policial.